83 votos a favor, 10 en contra (PP) y 40
abstenciones (PSC y C's)
jueves, 10 de marzo de 2016
MOCIÓN APROBADA PARA "PAPELES SIN CONTRATO" -CATALUNYA
Moción aprobada por el Parlamento de Cataluña el 10/03/2016.
Una de las manifestaciones más sangrientas de las desigualdades que sufre nuestra
sociedad tiene que ver con la vulnerabilidad de personas de origen extranjero,
muchas de ellas con años de trabajo, residencia y familia insertada en nuestro
país, y que sufren los efectos combinados de la degradación del mercado laboral
y de unas políticas migratorias cada vez más restrictivas.
El actual sistema de extranjería vincula, tanto la obtención del permiso de residencia
y de trabajo, como las sucesivas prórrogas de este último, a la existencia de un contrato
de trabajo vigente, sin que cuenten para nada los vínculos sociales, afectivos o
familiares tejidos para estas personas en el seno de la sociedad de acogida.
Concretamente, se requiere un contrato de un año de duración y 40 horas semanales
o un salario igual o superior al SMI. Una exigencia muy difícil de satisfacer en el contexto actual,
con un índice de desempleo de personas extranjeras rozando el 35%.
Aunque la competencia en materia de permisos de residencia y de trabajo corresponde
al Estado español, la legislación de extranjería otorga un papel relevante a la Generalidad y
los entes locales, en hacer preceptivos unos informes de estas administraciones
que, en de no ser favorables, pueden impedir la obtención de estos permisos.
En este sentido, el papel de los Ayuntamientos y de la Generalitat puede resultar crucial para prevenir
situaciones de irregularidad.Es evidente que el simple hecho de no disponer de permiso de residencia
coloca las personas afectadas en una situación de vulnerabilidad.
Otro elemento relevante en cuanto a la obtención del permiso de residencia y del permiso de trabajo
es la acreditación de tres años de residencia ininterrumpida en España.Esta acreditación se realiza
mediante el padrón municipal.
Toda persona que viva en nuestro país tiene el derecho - y al mismo tiempo la obligación de empadronarse
en la población donde reside, independientemente de su nacionalidad o condición
administrativa. El padrón es la herramienta que permite a las administraciones conocer
el número de personas que viven en cada localidad y atender sus necesidades.
Así pues, es imprescindible buscar los mecanismos y adoptar las medidas que nos ayuden a mejorar
la cohesión, la calidad de vida y la dignidad del conjunto de la ciudadanía, contribuyendo a
eliminar en lo posible los obstáculos administrativos que dificultan la vida de
estas personas, su inserción en el mundo laboral y su arraigo social.
En consecuencia, el Parlamento de Cataluña DECIDE:
Primero - Solicitar a las administraciones competentes que, en el actual contexto de
crisis y paro, flexibilicen las condiciones de obtención y renovación de los
permisos de residencia y trabajo de las personas extranjeras.
Segundo - Introducir los cambios necesarios en la Instrucción DGI / BSF / 1/2014 para que
los informes de arraigo o de integración emitidos en Cataluña sean favorables para aquellas
personas que, al haber perdido el trabajo o al no disponer del contrato de trabajo requerido,
se encuentren en situación irregular y acrediten una situación de vulnerabilidad, puedan acreditar
los medios económicos que exige la Ley y los Reglamentos de Extranjería a través del amparo de una
entidad de utilidad pública.
Tercero- Instar al Gobierno de España a flexibilizar la concesión de permisos de residencia
y de trabajo, solicitando que los informes de la Generalitat abran una vía de regularización.
Cuarto - Instar a las administraciones locales para que, en virtud de la legislación vigente,
quitenobstáculos, faciliten y promuevan el empadronamiento efectivo de todas las
personas que habitan en los diferentes municipios, más allá de las condiciones de residencia o
la situación administrativa de estas personas.
Quinto - Suprimir las tasas establecidas por la Generalitat en cuanto a los informes
de arraigo que dependen de ella, instando al resto de administraciones a
adoptar igual medida de facilitación de los trámites de extranjería.
Sexto - Instar a la Dirección General para la Inmigración así como el resto de organismos
competentes para que elaboren un programa de prevención de la irregularidad sobrevenida para
tratar de evitar que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad
extranjera se vean privados de sus permisos de residencia o de trabajo.
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